Despilfarro socialista: la Cámara de Cuentas revela en el Ayuntamiento de Martos ¡494 contratos temporales!

El oscurantismo y el despilfarro socialista, a veces, sale a la luz. Es el caso del Ayuntamiento de Martos (Jaén) que, según ha desvelado la Cámara de Cuentas de Andalucía, cuenta con casi 500 contratos temporales, por lo que recomienda «tomar las decisiones y adoptar cuantas iniciativas» sean necesarias para «conseguir la cobertura reglamentaria de las plazas y evitar la consolidación en el tiempo de las anomalías detectadas en el ámbito de las relaciones laborales».

En su informe, recoge que en 2018 el Ayuntamiento dispuso de un total de 494 contratos temporales financiados con cargo a su presupuesto. Añade que «el elevado número de personal temporal para el desempeño de servicios de competencia del ayuntamiento supone dejar sin efecto el carácter restrictivo y excepcional que deberían tener las contrataciones temporales».

Además, subraya que en un 15% de los expedientes de trabajadores temporales analizados «no queda justificada la necesidad de la contratación». También en materia de personal, desde la Cámara de Cuentas se recomienda al Consistorio marteño «convocar las plazas reservadas a funcionarios con habilitación de carácter nacional para que sean cubiertas con carácter definitivo».

A esto se suma que, de una muestra de las nóminas de 16 trabajadores de la Corporación, así como en el análisis de las retribuciones en el ámbito de la Policía Local, se concluye que, «en todos los casos, el complemento de productividad se abona por la asunción de competencias de puestos superiores, la realización de horas extraordinarias y otras situaciones excepcionales que deben ser retribuidas mediante otros complementos de nómina distintos de la propia productividad».

Otras indicaciones que se hacen son la de suprimir la caja de la Corporación y el efectivo como medio de pago de tributos y demás derechos de titularidad municipal, así como racionalizar el número de cuentas bancarias y cancelar aquellas que no sean utilizadas por la tesorería.

También se propone realizar «un mayor control» sobre el efectivo en el Área de Recaudación ya que «se trata de un área de especial riesgo, con movimientos diarios de efectivo que no tienen un reflejo actualizado en el estado de tesorería».

Registrar en el balance las provisiones por responsabilidades correspondientes a los litigios en curso y que ascienden a 15.547 euros, resolver los proyectos de gastos no ejecutados y proceder a transferir a otras partidas con necesidades de financiación los sobrantes de los proyectos de gastos que ya se han ejecutado, son otras de las indicaciones formuladas por el ente fiscalizador.

Asimismo, se propone depurar los saldos de los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados pues, «dada su antigüedad, en la mayoría de los casos resultará improbable su recaudación».

Lo hace después de detectar que a 31 de diciembre de 2018, se
mantienen activos proyectos de gasto por importe de 350.000 euros que no han sido ejecutados. Además, hay otros saldos sobrantes de proyectos ya ejecutados por un importe total de 207.000 euros.

Estos créditos, según la Cámara de Cuentas, «se vienen incorporando año tras año a los presupuestos sin que se proceda, o bien a dar de baja a los proyectos y anular los créditos, y/o incorporar los créditos a otras aplicaciones de gasto mediante algún tipo de modificación presupuestaria».

También señala que la deuda con otras administraciones públicas asciende a un total de 337.453,28 euros a 31 de diciembre de 2018. En este saldo se incluye un importe de 154.832,28 euros a favor de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir del que sólo se han podido confirmar documentalmente 11.592,54 euros (7,49 por ciento del saldo).

Por ello, dada la antigüedad de algunas de deudas registradas (ejercicios 1991, 1992, 2004 y 2008) y «la falta de gestiones y respuestas por parte de la Confederación, el Ayuntamiento debería proceder a regularizar un importe de 143.673,60 euros».

En otro orden de cosas, señala que la Corporación tramitó en el ejercicio 2018 expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito por un total de 15.644,09 euros, motivados en determinados servicios y suministros que se devengaron «sin cobertura contractual, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido» y sin que el interventor formulara reparos.

Por último, se hace constar que no se ha incluido en el acta de arqueo global a 31 de diciembre de 2018, el saldo de una cuenta bancaria que asciende a 15.268,48 euros.